La familia Campos Cebrián-González Ruano no estuvo en la sala. Los vecinos del número 22 de la calle General Lacy esperaban con ansia a los Campos Cebrián-González Ruano porque, aunque estos llevan siendo sus rentistas desde hace más de 80 años, todavía no les ponen cara. Ni Blanca Castro, ni Santiago Sanz, ni Jacqueline Leca, ni María Gutiérrez conocen el tono de voz de sus rentitas. Si se cruzaran por la calle, no podrían reconocerse. Ninguno sabe si son altos o son bajos, rubios o morenos, si son de los que ganan en las distancias cortas o en cambio parecen tan fríos como los burofaxes que fueron llegando, uno por uno, a los 32 vecinos del edificio para notificarles —con cuatro meses de antelación— que sus vidas “terminan a todos los efectos” una vez finalicen sus contratos de arrendamiento. Por eso en los pasillos del Juzgado de Primera Instancia número 82 de Madrid había cierto cuchicheo en la mañana del miércoles entre los vecinos que acompañaron a Blanca, la primera de las demandas por la familia Campos Cebrián-González Ruano por “expiración de contrato”. “¿Son ellos?”, se preguntaban mirando de reojo a los presentes. No. No eran ellos. Habían enviado a sus abogados. Ninguno ha querido hablar con este periódico. Seguir leyendo